En Cómo crear Centros Educativos Integrados de Educación Básica Regular, los investigadores César Guadalupe y Antonella Rivera proponen una solución al problema de la dispersión escolar: agrupar a los pequeños y divididos «servicios educativos» en «instituciones educativas» que respondan a una dinámica territorial.
—
Ad portas de que el país cumpla 200 años como república, el documento de investigación Cómo crear Centros Educativos Integrados de Educación Básica Regular, de César Guadalupe y Antonella Rivera, comienza con una frase alarmante: «En el Perú, nadie sabe cuántos colegios hay». Este desconocimiento —señalan— convive con una falta de consciencia general sobre el mismo, a pesar de que el problema va más allá de lo estadístico: se explica por la manera en la que se gestiona y organiza el sistema educativo en el país.
Desde 1993, el Ministerio de Educación (Minedu) se ha centrado en producir información sobre los «servicios educativos» existentes, mas no sobre las «instituciones educativas». Para los autores, esto es una omisión grave, ya que una «institución educativa» gestiona uno o más «servicios educativos»; es decir, puede incluir servicios de inicial, primaria y/o secundaria. Actualmente, se asigna un identificador a cada uno de estos servicios, aunque ninguno a la institución como tal. Por ello, solo sabemos cuántos «servicios educativos» hay en el país, pero no cuántas instituciones.
«Lamentablemente no se creó un identificador que dé cuenta de la institución como tal», advierten Guadalupe y Rivera, investigadores de la Universidad del Pacífico. Dicho esto, no se trata de un problema exclusivamente estadístico. Este resulta de —y agrava— un profundo centralismo y una falta de planificación del sector educación, magnificados a su vez por la informalidad con la que operan muchos agentes educativos (en particular, de la educación privada).
Más allá de la estadística
Los autores observan este problema de registro estadístico desde una perspectiva mayor vinculada a la «atomización» de los servicios educativos. Una cantidad importante de los «servicios educativos» son mucho más pequeños (en matrícula y, por ello, en número de docentes) de lo que la normativa indica.
Así, los colectivos docentes no tienen el tamaño suficiente como para constituir colegiados profesionales que, según los autores, tendrían «un impacto trascendente en el desarrollo profesional de cada uno de sus integrantes». Naturalmente, esta dispersión tiene un impacto en la infraestructura y el equipamiento de cada «servicio educativo», pues no existe información precisa para estimar y mucho menos asignar recursos de manera juiciosa y eficaz.
Asimismo, la «atomización» se asocia a que el Sector Educación no considere ni gestione las trayectorias educativas de los estudiantes a lo largo de su vida escolar. Como la gestión está enfocada de manera separada en cada nivel educativo (inicial, primaria y secundaria), las transiciones de un nivel a otro se vuelven innecesariamente rígidas y generan una mayor deserción escolar, según lo demuestra la literatura revisada por los autores.
Dos problemas demográficos
Para avanzar en la conformación de instituciones que de modo integrado gestionen el conjunto de la Educación Básica Regular, es necesario entender que la tendencia a la «atomización» de los «servicios educativos» no solo ocurre por un asentamiento demográfico disperso. El fenómeno se observa también en zonas urbanas con mayor densidad poblacional. Según Guadalupe y Rivera, estas características demográficas demuestran que es posible revertir la «atomización» mediante un esfuerzo de integración.
Los investigadores, además, destacan el hecho de que los «servicios educativos» no cuentan con la flexibilidad necesaria para responder a la cambiante dinámica poblacional. Según las cifras oficiales de población, desde 1993, cada año hay menos nacimientos en el Perú y, por ende, la cantidad de personas que inician su trayectoria educativa básica ha tendido a ser menor a lo largo de las últimas décadas.
Sin embargo, aunque esto ha provocado algunos impactos positivos («al reducirse el denominador, el gasto por estudiante tiende a incrementarse»), Guadalupe y Rivera advierten que el esquema actual no necesariamente se ha traducido en un ajuste del sistema educativo. «Por ejemplo, si en 1999 teníamos 130 mil docentes para atender a la matrícula estatal en primaria, el número actual asciende a 147 mil docentes; es decir, 13% más» cuando la matrícula es 30% menor.
Un modelo integrado para la diversidad
Como solución, entonces, los autores proponen estructurar los servicios educativos, agrupándolos en lo que denominan Centros Educativos Integrados (CEI). Así, los aproximadamente 60 mil «servicios educativos» con los que cuenta el sector educación actualmente podrían operar un poco más de 12 mil colegios o CEI.
Esta restructuración permitiría que cada institución cuente con un número de docentes suficiente para hacer posible el trabajo colegiado de estos y, de esta manera, permitirle a cada institución operar con mayor autonomía (de acuerdo con sus propios contextos y necesidades), además de asignar recursos para infraestructura y equipamiento de un modo mucho más eficiente.
Es fundamental recalcar que el aporte más importante de esta investigación es que los CEI propuestos no han sido agrupados de manera antojadiza o sobre la base de ideas predefinidas (lo cual, de aplicarse, podría generar resistencias o conflictos entre quienes los integrarían). Para consolidar los CEI, Guadalupe y Rivera han mapeado los recorridos efectivamente observados para aproximadamente 3 millones de estudiantes de inicial, primaria y secundaria, aunque insisten en que, si bien este es un gran paso hacia adelante, es crucial una validación de campo.
Por último, no hay que olvidar que, en un país tan fragmentado e informal como el nuestro, las instituciones son vehículos de integración. Un rediseño del sector educativo permitiría contar con una red de instituciones representativa de la diversidad de voces y necesidades de la población.
Para leer todo el documento ingresa aquí.
