Seguridad ciudadana: el desafío de elaborar políticas públicas basadas en evidencia para enfrentar la violencia y el crimen

Seguridad ciudadana: el desafío de elaborar políticas públicas basadas en evidencia para enfrentar la violencia y el crimen
enero 4, 2023 Soledad Sevilla Mendoza

Crimen en el Perú: una mirada multidimensional, editado por Pablo Lavado y Wilson Hernández, busca contribuir con respuestas claves para los tomadores de decisiones en diferentes temas respecto a la seguridad ciudadana. Este documento, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico, incluye miradas desde distintas disciplinas con enfoques cuantitativos y cualitativos.

La sensación de inseguridad en el país es algo que aflora en las conversaciones familiares o de amigos, ya sea por experiencias propias o cercanas. Incluso, si los peruanos no han sufrido algún robo o asalto, creen que más temprano que tarde atravesarán por ese lamentable momento: ocho de cada diez personas consideran que serán víctimas de la delincuencia en los próximos doce meses, según la ENAPRES. Un argumento indiscutible es que los peruanos no están seguros en las calles ni en sus casas.

Pese a esta percepción y escenario en seguridad ciudadana que vive el país y la región, la producción de investigación rigurosa sobre el tema es escasa.  Crimen en el Perú: una mirada multidimensional, editado por Pablo Lavado y Wilson Hernández, reconoce estas debilidades y busca articular individuos, territorios y desigualdades para cubrir parte del vacío de evidencia en temas como la confianza en la policía, los homicidios, el crimen organizado, la delincuencia juvenil y el involucramiento de las mujeres en el tráfico ilícito de drogas. Este documento, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico, aborda un problema complejo de múltiples dimensiones de análisis.

Los resultados y conclusiones de la investigación aportarán en la elaboración de mejores políticas públicas en seguridad ciudadana. Sobre todo porque en los últimos 10 años en el Estado se han enfocado en el diseño de planes, y hay pocos programas basados en evidencia. En ese sentido, el documento de investigación adquiere mayor relevancia porque, según los editores mencionan en la introducción, “todos estos planes se caracterizan por tener una mirada estratégica y nacional que aterriza en acciones que en su mayoría no están basadas en evidencia, sino en extender inercialmente actividades rutinarias”. De esta manera, se tendrá un sustento más sólido para propuestas más certeras.

Lavado y Hernández han reunido a académicos, investigadores y profesionales de gran trayectoria para abordar temas poco estudiados en el país y plantear soluciones claves para los tomadores de decisiones desde distintas disciplinas —economía, psicología, sociología y ciencia política— con enfoques cuantitativos y cualitativos.

Si bien el documento busca ser útil para los encargados de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas en materia de seguridad, también es un material valioso para académicos, estudiantes y población general interesada en conocer y entender con mayor profundidad la seguridad ciudadana en el país.

Alcances para mejores políticas públicas

¿Ser víctima de algún hecho delictivo impacta en la confianza en la policía? Aunque la respuesta parezca obvia, hay limitados estudios en la región que hayan examinado el vínculo entre estas variables de forma empírica. Katrina Heimark analiza esta relación en el primer artículo del documento y propone que los gobiernos con altos índices de victimización –como el peruano– se enfoquen en políticas públicas que refuercen la confianza en los actores estatales (la policía) y en el sistema legal.

La tasa de homicidios es uno de los problemas que más preocupan a las autoridades peruanas y ha experimentado un incremento en los últimos años: de 5.8 víctimas por 100 mil habitantes en 2011 a 7.8 en el 2017 (INEI 2018). Rosa Loureiro explica que a nivel regional hay una variación en este aspecto y busca encontrar posibles factores predictivos que expliquen esta forma de violencia.  Sus resultados dejan varias pistas útiles para un fenómeno poco trabajado en el país, entre las cuales resalta la asociación entre homicidios, desigualdades y densidad del Estado.

Una de las zonas con mayor incidencia del crimen organizado en el Perú es Trujillo, por lo que Diana Bonilla explora la relación entre este delito y el territorio, a partir del caso del distrito de Florencia de Mora. Según la autora, “tanto la organización social barrial como la organización criminal predominante en el barrio han transitado en las últimas décadas desde lo comunitario/cohesionado a lo individual/disperso”. Para ella, los grupos criminales cambiaron sus estructuras y accionar en el barrio guardando relación con los cambios en la organización social.

Así como es importante la investigación criminal para desarticular y sancionar a estas organizaciones, Bonilla precisa que las investigaciones académicas también son necesarias para comprender cómo aquellas se insertan en la dinámica social de dichos territorios. Una de las grandes lecciones para los lectores de la publicación, de acuerdo con la introducción, es reflexionar sobre cómo recuperar las ciudades y la ciudadanía y su organización en un contexto complejo y violento que no disminuye al ritmo esperado.

Distintos grupos poblacionales como los adolescentes y las mujeres, poco estudiados en el país, son abordados en los últimos capítulos. Hugo Morales examina la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley penal, desde la aproximación bioecológica del desarrollo para explicar la conducta antisocial. Los resultados sugieren la necesidad de intervenir tempranamente en este comportamiento para prevenirlo “a partir de sus predictores iniciales en la niñez y la pubertad, así como introducir criterios de clasificación del riesgo en las intervenciones de carácter terapéutico que se brinden a los delincuentes juveniles”. Es decir, es más conveniente intervenciones menos policiales y más sociales que incidan en factores de riesgo clave.

En el Perú, seis de cada diez mujeres encarceladas han cometido delitos por tráfico ilícito de drogas (INPE, 2016), lo cual motiva a Natalie Meza, Adriana Fernández, Jorge Borja, María Rispa y Tesania Velázquez a evaluar los predictores de su involucramiento en este tipo de delito. Los investigadores encuentran que las mujeres en prisión por estos delitos tienen una mayor probabilidad de haber sido agredidas por distintas personas y en diferentes momentos de su vida. Precisan que el tráfico ilícito de drogas representa la consecuencia de decisiones previas ligadas a su historia de vida y de víctima, o también como una respuesta a sus necesidades económicas

“Se necesita que la resocialización en el ámbito penitenciario asuma un enfoque de género e interseccional, que facilite el acceso a trabajos formales adecuadamente remunerados, así como a la superación de patrones de relación basados en la violencia y dominación de las mujeres”, proponen.

Todos estos temas referentes a la inseguridad ciudadana son las grandes preocupaciones de los peruanos, muy por encima de otros como la pobreza y la falta de empleo. La evidencia permitirá entenderlos mejor y saber qué funciona con el objetivo de reducir la violencia y el crimen. Es un gran pendiente de las autoridades actuales y del futuro encontrar caminos que contrarresten esta situación y nos permitan vivir más tranquilos.

Descarga aquí Crimen en el Perú: una mirada multidimensional

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